El pasado 21 de marzo cuando empezaba en el país la cuarentena y el pánico por lo que podría pasar en medio de la pandemia, en la Cárcel Modelo se presentó un motín, en el que los reclusos reclamaban seguridad médica para ellos y algunos querían ir a sus casas.
La cosa se puso complicada hasta altas horas de la noche y los funcionarios del INPEC tuvieron que calmar a los privados de la libertad con medidas extremas. Sin embargo no es algo ajeno a estos lugares, la violencia se vive casi a diario desde todos lados. En esta oportunidad se reportaron 23 muertos y 83 heridos.
Martha Colmenares se encontraba viendo las noticias y reconoció a su hijo, en los videos de los combates, según dijo lo vio recostado contra una pared, inmóvil y lleno de sangre. Cómo era de esperarse fue al siguiente día a averiguar por su vida y allí encontró otros familiares que estaban en la misma situación.
Pero ésta preocupada madre no logró tener información de su hijo Diego Fernando Álvarez más que al parecer había salido a un centro médico. Pero después de recorrer tres hospitales no lo encontró.
La búsqueda se intensificó por parte de la familia, sin obtener una respuesta, Diego Fernando llamaba a su mamá todas las semanas y ya llevaba dos que no se comunicaba, esto le parecía muy extraño y empezó a sospechar que estuviera muerto, pero en los listados de fallecidos del Inpec tampoco aparecía.
Fue necesario que la familia interpusiera con ayuda de un abogado un mecanismo de búsqueda urgente en la Fiscalía, lo que obligó a un funcionario de CTI a ingresar a la institución penitenciaria a buscar a Álvarez.
Allí lo encontró, tomó sus huellas, tomó fotos y una declaración en la que decía que había recibido un balazo de parte de un guarda en el brazo y maltrato físico que le había generado una fractura, su brazo estaba enyesado.
En el parte médico obtenido por la familia confirma la fractura, el impacto de bala y múltiples golpes en la cara.
Ahora la familia está más tranquila porque Diego está vivo, pero planean interponer una demanda por intento de homicidio, además ponen en tela de juicio el tratamiento que el Inpec da a estos eventos y el manejo de la información del estado de los reclusos
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